"LO QUE LE PASÓ A LEANDRO LE PUEDE SUCEDER A CUALQUIERA Y ES CLAVE QUE SE CONDENE"
El letrado señala que la acusación de "tortura seguida de muerte" remonta a los años más oscuros del país. Recalca que el espíritu no es atacar a la policía, sino las malas prácticas.
El caso de Leandro Bravo, el joven que falleció en Charata en 2022 poco después de ser detenido, marca lo que a priori entienden varios sectores y el Comité de Prevención contra la Tortura como uno de los más repudiables en lo que hace a violencia institucional.
Se acusa a cuatro policías de tortura seguida de muerte y en uno de ellos se agrega la falsedad ideológica por alterar el libro de novedades de la comisaría para consignar una denuncia que no existió.
NORTE dialogó con Roberto Sotelo, abogado querellante del Comité contra la Tortura, que se expresó respecto al proceso oral que se iniciará el 5 de agosto.
La particularidad que tendrá es que si bien la calificación legal tipifica para que se desarrolle como juicio por jurados, por una cuestión cronológica (la región adoptó el sistema de enjuiciamiento popular con posterioridad a la formalidad de pedir el enjuciamiento) hará que se desarrolle con magistrados técnicos.
Desde que ocurriera el hecho, el 26 de febrero de 2022, en Charata imperó un auténtico parteaguas en cuanto a quienes no dudaban que se dieron excesos de las fuerzas de seguridad y que estén tras las rejas era correcto y los que consideraban lo contrario, abonando la teoría de una muerte no traumática.
"El Comité contra la Tortura no está en contra de la Policía, lo que naturalmente rechazamos son las malas prácticas y acá hay una acusación muy grave", expresa Sotelo.
Alexis Fleitas Noguera, Franco Sosa, Agustín Díaz y Enzo Gómez son quienes después de estar detenidos dos años aguardan el juicio en libertad. Sobre el primero también las querellas pedirán también por la supuesta alteración del libro de novedades.
El joven ingresó sin vida al hospital, poco tiempo después de su detención. Por el caso se juzgará a cuatro policías
"Obviamente una vez consumada la muerte, empezaron las maniobras de encubrimiento y la principal fue la de una testigo a quien instigaron a que realice una denuncia por sentirse amenazada por Bravo y lo que hubiera dado origen a una intervención policial pero eso no ocurrió porque era una persona que conocía hace mucho a Leandro y era habitual que golpeé las manos afuera de su casa para pedirle comida", dijo Sotelo. Consultado acerca del respaldo que se da desde el jefe de la Policía hacia los acusados, aun cuando se trate de delitos de una gravedad considerable, Sotelo recalcó el concepto que la actuación del Comité no es contra la institución sino contra los integrantes que infringen las leyes. "Nosotros queremos, como ciudadanos, sentirnos orgullosos y protegidos de nuestra policía, pero este caso es uno de los tantos casos en donde se evidencian los abusos por parte del personal policial, actitudes arbitrarias que antes tenían mayormente como víctimas a personas en situación de vulnerabilidad pero hoy atraviesa a todos los estratos, por lo que le pasó a Leandro le puede ocurrir a cualquiera", dijo.
AUTOPSIA
El principal argumento de la querella que además del Comité, tiene a la Subsecretaria de Derechos Humanos, el Ministerio Público y la familia es el informe de la reautopsia que se le practicó al cuerpo de Bravo, donde dan cuenta que tenía lesiones en varias partes del cuerpo, quemaduras, lesiones de aprehensión y síntomas de asfixia. La segunda autopsia fue efectuada por una perito de parte que no cuenta con matrícula para actuar en la provincia, lo que fue cuestionado por la defensa, pero que se trata más un reclamo de forma que de fondo. No cuestionó el contenido del informe, por lo que tendrá validez en el proceso oral.
D.N
