ESCÁNDALO INSTITUCIONAL EN EL IPDUV: VIOLAN UN DECRETO DEL GOBERNADOR Y AVANZAN CON ACTOS NULOS PARA DESPOJAR VIVIENDAS
El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) quedó envuelto en un grave escándalo institucional y jurídico al ejecutar notificaciones masivas durante un período en el que los términos administrativos se encontraban expresamente suspendidos por decreto del gobernador Leandro César Zdero, configurando actos administrativos nulos de nulidad absoluta y una abierta desobediencia al Poder Ejecutivo provincial.
El Decreto N° 1935/2025, dictado el 5 de diciembre de 2025, es categórico: en su Artículo 1° suspende los términos administrativos desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 30 de enero de 2026, en concordancia con el receso dispuesto por el Decreto N° 1839/25. La norma está plenamente vigente y no admite interpretaciones laxas ni excepciones encubiertas.
Pese a ello, el 7 de enero de 2026, en pleno receso administrativo, el IPDUV publicó edictos en el Boletín Oficial notificando a 356 titulares y preadjudicatarios de viviendas de distintas localidades chaqueñas. El objetivo declarado de estas actuaciones es dejar sin efecto adjudicaciones previamente otorgadas, bajo la amenaza de continuar los trámites “según su estado”, una fórmula vaga que encubre un avasallamiento directo de derechos adquiridos.
Desobediencia política y responsabilidades directas
Estas decisiones no pueden interpretarse como un error administrativo aislado. El IPDUV actúa bajo la órbita del Poder Ejecutivo, y sus resoluciones contradicen de manera frontal un decreto firmado por el propio Gobernador, lo que expone una grave desobediencia jerárquica y compromete la responsabilidad política de la Secretaría General de la Gobernación, Carolina Beatriz Meiriño, de quien depende la correcta aplicación de los actos de gobierno.
La omisión de controles, o peor aún, la convalidación de estos procedimientos, transforma a la Secretaría General en corresponsable institucional de un accionar que vulnera principios elementales de legalidad, razonabilidad y debido proceso administrativo.
Notificaciones simuladas y maniobra para dejar a la gente indefensa
La elección de edictos en el Boletín Oficial como único medio de notificación constituye una maniobra deliberada para simular legalidad y luego alegar que los ciudadanos “no se presentaron”. Este mecanismo, propio de épocas superadas, resulta inadmisible en un organismo que históricamente dispuso de recursos suficientes para notificaciones personalizadas y operativos territoriales.
La falta de citaciones individuales, en casos que afectan el derecho a la vivienda, evidencia un accionar intencionalmente opaco, orientado a desadjudicar a los sectores más vulnerables, apostando al desconocimiento y a la imposibilidad material de ejercer defensa en tiempo y forma.
Letrados, expedientes y omisiones graves
El rol de los profesionales intervinientes merece una mención especial. Corresponde investigar quiénes son los letrados que avalaron estos actos, y si su actuación no incurre en faltas graves o violaciones al régimen disciplinario y a la ley.
Más aún cuando existen antecedentes documentados: en los expedientes E10-2024-14019 y E10-2024-14086, el IPDUV se limitó a responder oficios judiciales en causas donde debía actuar como denunciante ante el Colegio de Escribanos, frente a presuntos incumplimientos de la Ley 3383-K. Esta pasividad selectiva refuerza la sospecha de arbitrariedad y discrecionalidad en el accionar del organismo.
Un instituto fuera de control
En síntesis, el IPDUV parece haber ingresado en una deriva institucional peligrosa, actuando al margen de la ley, desafiando decretos vigentes y avanzando con desadjudicaciones encubiertas mediante actos jurídicamente inexistentes.
Las responsabilidades ya no pueden diluirse en tecnicismos: hay responsabilidad política, administrativa y profesional. Si el Poder Ejecutivo no interviene de manera inmediata, el costo no solo será judicial y económico, sino también social y político, con cientos de familias pagando las consecuencias de un Estado que incumple sus propias normas.
